El día 10 de julio, seis mujeres afiliadas a la la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), conocidas como ‘las seis de La Suiza’, han ingresado en el centro penitenciario de Villabona tras la orden de ingreso dictada por el Juzgado de lo Penal número 1 de Logroño. Las sindicalistas fueron condenadas en firme a tres años y medio de prisión por su participación en una campaña de denuncia sindical contra una pastelería de Logroño.
Los hechos por los que han sido condenadas se remontan a los años 2017 y 2018, cuando la CNT llevó a cabo una serie de movilizaciones, concentraciones y denuncias públicas contra la empresa La Suiza, en apoyo a una trabajadora que reclamaba derechos laborales. Según la sentencia, las protestas —que incluyeron presencia en el exterior del establecimiento y publicaciones en redes sociales— sobrepasaron los límites del derecho de libertad sindical y fueron consideradas constitutivas de delitos de coacciones y amenazas.
Tanto la Audiencia Provincial como Tribunal Supremo avalaron la condena impuesta por el juzgado de primera instancia, y recientemente se ha rechazado la suspensión de la pena, al no concurrir atenuantes ni haberse mostrado arrepentimiento. Con todas las vías ordinarias agotadas, la entrada en prisión se ha hecho efectiva de forma inmediata.
Este caso ha generado una amplia reacción social y política. Diversos colectivos han denunciado lo que consideran una criminalización de la acción sindical. Desde la CNT se afirma que las compañeras han sido castigadas simplemente por hacer sindicalismo y ejercer la defensa de los derechos de una trabajadora. Según el sindicato, el fallo sienta un “precedente alarmante” al considerar delictivas acciones que forman parte de la actividad sindical habitual.
En el plano político, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha mostrado su apoyo a las sindicalistas y ha anunciado que impulsará un indulto para evitar que cumplan la totalidad de la pena. Díaz considera que esta condena supone “una regresión preocupante” en los derechos laborales y sindicales y ha manifestado que «hacer sindicalismo no puede llevar a la cárcel en una democracia».
Por su parte, desde el ámbito jurídico se ha presentado también un recurso ante el Tribunal Constitucional, argumentando que la sentencia vulnera derechos fundamentales como la libertad sindical y de expresión. Mientras tanto, la entrada en prisión ya se ha materializado, en un contexto de creciente movilización en todo el país. Sindicatos, movimientos sociales y organizaciones de izquierda han convocado concentraciones en varias ciudades en apoyo a las seis sindicalistas. La CNT, además, ha anunciado una campaña nacional e internacional para exigir su liberación y denunciar lo que considera una grave amenaza a la libertad sindical en España.
