El trasvase Tajo-Segura ha vuelto al centro del debate político nacional. En una ajustada votación celebrada este martes 13 de mayo de 2025, el Congreso de los Diputados rechazó por tan solo un voto la proposición de ley impulsada por la Asamblea Regional de Murcia que pretendía blindar el trasvase y revertir las limitaciones impuestas en 2023. La propuesta recibió 170 votos a favor y 171 en contra, con 4 abstenciones decisivas.
Esta decisión marca un punto de inflexión en la historia del trasvase Tajo-Segura, una infraestructura clave que durante décadas ha garantizado el abastecimiento de agua a regiones del sureste español como Murcia, Alicante y Almería, especialmente para la agricultura y el consumo urbano.
Un proyecto estratégico para el Levante español
El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, intervino durante la sesión parlamentaria para defender la iniciativa. Según sus palabras, el trasvase Tajo-Segura es “una herramienta imprescindible para la cohesión territorial” y “una garantía de futuro para cientos de miles de familias que viven del campo”.
López Miras denunció que las nuevas reglas de explotación del trasvase, aprobadas en 2023 por el Ministerio para la Transición Ecológica, suponen un recorte del 50% del agua trasvasable. El cambio elevó el umbral mínimo de reservas en los embalses de Entrepeñas y Buendía de 400 a 529 hectómetros cúbicos, lo que reduce notablemente las posibilidades de trasvase incluso en situaciones de sequía moderada.
El presidente murciano advirtió que, de mantenerse estas condiciones, “la agricultura intensiva de regadío será inviable en la Región de Murcia a partir de 2027”.
Argumentos a favor y en contra del trasvase Tajo-Segura
La proposición de ley rechazaba las modificaciones introducidas en 2023 y proponía una vuelta a las condiciones anteriores. Defensores del texto argumentan que la agricultura del sureste español, altamente tecnificada y eficiente, no puede sobrevivir sin este recurso hídrico.
Por otro lado, los grupos parlamentarios que votaron en contra (PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, entre otros) defendieron la necesidad de cumplir con las sentencias del Tribunal Supremo que avalan el establecimiento de un caudal ecológico mínimo en el río Tajo. Consideran que la sostenibilidad debe primar y que el modelo basado en trasvases perpetúa un desequilibrio hídrico entre cuencas.
Además, desde el Gobierno se ha insistido en la necesidad de avanzar hacia un modelo más autosuficiente mediante la inversión en desaladoras, reutilización de aguas y digitalización del regadío.
Implicaciones del rechazo para el futuro hídrico del sureste
El rechazo a la ley ha sido recibido con preocupación en la Región de Murcia y en las comunidades que dependen del trasvase. Las organizaciones agrarias, cooperativas de regantes y gobiernos autonómicos del sureste alertan sobre el impacto económico que supondrá la reducción del volumen trasvasado: pérdida de empleos, aumento de los costes de producción y descenso de la competitividad agrícola.
El trasvase Tajo-Segura representa un ejemplo emblemático de los desafíos en la gestión del agua en España, un país que enfrenta sequías recurrentes, sobreexplotación de acuíferos y exigencias ambientales cada vez mayores por parte de la Unión Europea.
¿Hacia un pacto nacional del agua?
La votación ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad urgente de un pacto nacional del agua. El presidente López Miras, al igual que otros líderes autonómicos del sureste, ha reclamado al Gobierno central un diálogo real y un plan hidrológico solidario que garantice agua para todos los territorios.
Mientras tanto, el trasvase Tajo-Segura seguirá siendo una fuente de tensiones entre comunidades autónomas, una herramienta esencial para unos y un símbolo de desequilibrio para otros.
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