Pedro Sánchez ha presentado hoy en el Congreso un ambicioso Plan Estatal de lucha contra la corrupción compuesto por 15 medidas clave. El objetivo es restablecer la confianza de la ciudadanía tras el escándalo que involucra a los exsecretarios de Organización del PSOE, Ábalos y Santos Cerdán. La iniciativa, apoyada por la OCDE, GRECO, la Comisión Europea y su socio de coalición Sumar, busca un combate eficaz y transparente contra las malas prácticas institucionales, sancionando a las empresas corruptoras.
El anuncio se produce tras el informe de la UCO que implicaba a Santos Cerdán y que llevó a Sánchez a reconocer que valoró dimitir, aunque luego descartó esa opción por «no tirar la toalla». Su principal objetivo es recuperar la cohesión parlamentaria, especialmente con Sumar, que había reclamado estas medidas. La oposición ha reaccionado con escepticismo: el Partido Popular ha definido el plan como una «operación cosmética», mientras Vox responsabiliza al Gobierno y exige elecciones anticipadas. Rufián, portavoz de ERC, y Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, advierten que, de no cumplirse las medidas anunciadas por Sánchez para poner en marcha el plan anticorrupción, se produciría una crisis mayor.
Medidas del plan anticorrupción
Prevención y controles
El presidente ha propuesto en el Congreso la creación de una Agencia de Integridad Pública independiente, la implantación de auditorías externas de partidos y fundaciones que superen los 50.000€, así como garantizar la transparencia mediante una nueva Ley de Administración Abierta y controles patrimoniales aleatorios para altos cargos.
Protección a denunciantes
Garantías de confidencialidad y apoyo legal a aquellos que señalen acciones reprobables de las empresas corruptoras y canales internos de denuncia obligatorios en empresas y administraciones.
Fortalecimiento del Estado de Derecho
Se ocuparán de estos casos los Tribunales especializados en delitos contra la administración, y también se propone una reforma del Código Penal con penas más severas para las empresas corruptoras, así como elaborar unas listas con los nombres de aquellas empresas que corrompen para excluirlas de licitaciones públicas.
Opinión social
Otra de las propuestas es elaborar encuestas anuales para medir la percepción de la corrupción entre los ciudadanos y llevar a cabo campañas de sensibilización y formación de empleados públicos acerca de la corrupción ejercida por las empresas.